Inquilinos avanzarán con un amparo judicial colectivo.

En un contexto social y económico complejo, en el que las familias trabajadoras se enfrentan día a día a complicaciones para cubrir los gastos básicos, la Red Federal de Inquilinos se organiza para iniciar un reclamo colectivo ante la Justicia, mediante la presentación de un amparo judicial colectivo reclamando por la urgente implementación del Título 3 de la Ley, que establece la creación del Programa Nacional de Alquiler Social.

Se trata de una política pública que debería aumentar las alternativas para las personas que deben alquilar y se encuentren en situación de vulnerabilidad, promoviendo la oferta de propiedades en alquiler, posibilitando el acceso a créditos y subsidios que den respuestas habitacionales a víctimas de violencia de género, personas jubiladas y hogares que no pueden cumplir con los requisitos que se solicitan desde el sector inmobiliario.

En todo el país, se organizan para sumar personas interesadas que quieran adherirse al reclamo. Desde Chubut, quienes conforman el Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut se encuentran participando de esta medida. La psicóloga social Pamela Demes, referente del Sindicato, conversó con Crónica sobre la iniciativa.

“El Estado ha desconocido su implementación”

Sobre el Título 3 de la Ley y el reclamo por su implementación, Demes explicó: “Es un Programa que no se ha ejecutado desde que se sancionó la ley y un amparo judicial es una acción que puede iniciar cualquier persona para solicitar a la Justicia la protección urgente de un derecho, una garantía que no está siendo cumplida y cuyo uso o goce les fue desconocido a la persona”, dijo.

Y se refirió a las responsabilidades del Estado: “El Estado ha desconocido su implementación. Pero no solamente los ministerios, Nación o Provincia, no han acatado la ley, sino también las Cámaras de Diputados y de Senadores”, manifestó la psicóloga social.

Sobre lo que resaltó: “Recordemos que las Cámaras tienen funciones claras. La función de representar a la ciudadanía que a través del voto les concedió ocupar esas bancas, que son del pueblo; la función de sancionar leyes como sucedió en junio de 2020 con la Ley de Alquileres; y, entre otras, la función de control, la cual fortalece el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los derechos que proporciona a la ciudadanía a partir de su trabajo legislativo que no es sólo sancionar leyes, sino que debe tender a proteger y amparar a las personas más vulneradas”, sostuvo.

Pamela Demes, referente del sindicato y psicóloga social, dijo que se debe avanzar con la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social para disminuir las situaciones de vulnerabilidad habitacional.

Sostienen que no acceder al derecho a la vivienda vulnera otros derechos

En relación a lo mencionado anteriormente, Pamela Demes remarcó: “Con la inacción del Estado mismo se da, que al no cumplir con la ley y estos derechos, se genera una amenaza para nuestro desarrollo y bienestar como ciudadanas y ciudadanos trabajadoras e inquilinas”.

“Todos los inquilinos y las inquilinas somos trabajadores porque si no trabajas, no tenés una vivienda. Vivís en la calle, tomás una tierra, generás más gastos al Estado con otras situaciones, incluso de salud”, destacó.

En esa línea, hizo mención a datos y relevamientos realizados en la zona de Puerto Madryn: “Hace poco salió un estudio del CONICET en donde muestran cómo en la periferia de la ciudad de Puerto Madryn, en los asentamientos, se tiene el mayor número de niños de hasta 3 años con enfermedades bronquiales y neumonías, por las condiciones de hacinamiento y de pobreza en las unidades habitacionales”, detalló.

Y haciendo referencia a esta situación, remarcó que el no tener posibilidades de acceder a una vivienda digna aumenta las posibilidades de que se vulneren otros derechos: “Se genera una condición peor, hay mayores vulnerabilidades y más gastos para el Estado porque toda esa periferia no tiene obra social, usa los recursos del Sistema Público de Salud. Y siempre los niños, las niñas y las mujeres somos los que pagamos las consecuencias”, insistió.

Buscan adhesiones de inquilinos en la provincia

Para avanzar con la medida de amparo judicial, las organizaciones, asociaciones y sindicatos de inquilinos en todo el país se encuentran trabajando para incorporar adherentes, personas inquilinas interesadas que quieran sumarse al reclamo.

Sobre ello, Demes explicó que se trata de una iniciativa de carácter federal que estará activa durante las próximas semanas, en vista de los avances que tenga el debate de la Ley de Alquileres en el Senado de la Nación.

“Necesitamos el compromiso de todas y de todos los inquilinos para que esto se agilice, llegue pronto a destino judicial y podamos tener una sentencia favorable en función de una ley que se ha cumplido incorrectamente y que además la parte que sí se cumple tampoco tiene el Estado injerencia de ello”, dijo.

Para sumar su adhesión al pedido de amparo colectivo, las personas inquilinas interesadas deben comunicarse con el Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut a través de sus redes sociales, en dónde se podrá acceder al formulario y a la información detallada de cómo completarlo. También se pueden contactar al correo: amparofamiliasinquilinas@gmail.com

Fuente: diariocronica.com.ar